Isabel Bonig: “La Ley se hizo de espaldas al Sector y a la sociedad”

La presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, participará en la jornada de SOS hostelería sobre la ley de juego autonómica con una clara condena al texto.

La Presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana Isabel Bonig empieza por sostener como política y en su condición de abogada que la Ley de Juego de su Comunidad no garantiza la seguridad jurídica de los afectados. Es una falta gravísima a la que se añade -después de una tramitación parlamentaria en la que fueron desoídos los argumentos de su Grupo y rechazadas sus casi 80 enmiendas- que la Ley supondrá la pérdida de miles de empleos y el cierre de innumerables negocios. Rechaza que el Proyecto se hiciera “de espaldas al Sector” y que después lo someta a una desmesurada presión fiscal, pese a que la Ley no destina ni un solo euro a luchar contra la ludopatía.  A continuación ofrecemos las declaraciones de Isabel Bonig con motivo de la celebración de la Jornada de SOS Hostelería del próximo día 21 en Valencia y les instamos, por su interés, a que las lean detenidamente…

¿Cómo valora que SOS Hostelería haya organizado una Jornada de trabajo para analizar el impacto de la Ley del Juego en el Sector de la Hostelería y el Turismo?

Es fundamental el contacto y la consulta con la sociedad civil y los sectores que se puedan ver afectados por cualquier cuestión que pase por las instituciones valencianas. Esta comunicación se debe mantener de forma previa, como hicimos desde el Grupo
Popular, para recoger y regular todas las cuestiones que pueden afectarles de la mejor forma posible. Pero también es muy importante seguir trabajando en el desarrollo de la norma y una vez la decisión ha sido tomada o la norma ha sido aprobada, para poder analizar todos sus efectos e intentar que los positivos lleguen y los negativos afecten lo menos posible.

Por eso mi Grupo, el Partido Popular, y yo estamos encantados de haber compartido las necesidades del Sector de forma previa, recogiéndolas a través de la enmienda a la totalidad y de las 76 enmiendas parciales que presentamos a la Ley del Juego, y por supuesto, de mantener el contacto con vosotros para ayudar en todo lo que esté en nuestra mano y seguir reivindicando lo que debería regular realmente esta Ley.

¿Cree que la transformación de la Plataforma SOS Hostelería en Asociación contribuirá a mejorar la defensa del Sector?

Como te decía, tanto yo personalmente, como mi Partido, el Partido Popular, y los grupos que nos representan en las distintas instituciones de la Comunitat Valenciana, mantenemos reuniones y contacto con cualquier tipo de asociación, organización o particular que quiera hablar con nosotros. Valoramos todas las posturas y propuestas que nos hacen llegar, sin distinción.

Entiendo que lo importante es que todos los sectores o intereses sean escuchados y se sientan representados en cualquier institución u organismo público. Ese es nuestro papel como partido político y como representantes de los ciudadanos. Tenemos que hacer llegar sus necesidades y reivindicaciones, tenemos que solucionar sus problemas, porque son los de todos. Esta viene siendo nuestra reivindicación al Consell de Puig y Oltra en las últimas
legislaturas, no sólo lo hicimos al defender nuestra postura en la tramitación de esta Ley, sino por ejemplo recientemente en la Comisión de reconstrucción creada tras la crisis del Covid-19, en la que de nuevo se olvidaron de llamar, a propuesta del Partido Popular, y luego rechazaron a muchos sectores e incluso a los propios afectados.

¿En la elaboración de la Ley de Juego de Valencia se han tenido en cuenta las aportaciones o enmiendas del Grupo Popular? ¿Hubieran existido cambios fundamentales de haber sido así?

El Grupo Parlamentario Popular presentó, en primer lugar, una enmienda a la totalidad solicitando la devolución al Consell del proyecto de ley, porque entendíamos que aunque es cierto que la ley del juego que en esos momentos estaba vigente era del año 1988, y se debía adaptar al entorno normativo sobre el juego y apuestas y contemplar los cambios tecnológicos, pero no compartíamos los principios y el espíritu de ese proyecto, que crea un marco legal que no garantiza el principio de seguridad jurídica.

Todo ello constata la ausencia de diálogo e interés por parte del Consell, imponiendo una norma que no refleja ni las necesidades y demandas sociales, ni las sectoriales. Esta ley supone un aumento desmesurado de la presión fiscal sobre el Sector del Juego

y las apuestas, contemplando, de otro lado, una relajación del régimen sancionador sin argumentos ni análisis que la sustente. Y, además, no se aborda una de las verdaderas finalidades de la Ley, un programa de prevención contra la ludopatía, la protección de la salud y el consumo que ayude y proteja a quienes se ven atrapados por las apuestas. Esta enmienda a la totalidad fue rechazada por los grupos que componen el actual Gobierno del Botànic, y entonces, para intentar modificar la ley propuesta y conseguir los objetivos que defendemos, presentamos 76 enmiendas parciales, fuimos el Grupo que más enmiendas presentó, pero fueron rechazadas.

Esta ley se generó de espaldas al Sector y a la sociedad con la intención de cerrar negocios sin proteger a los vulnerables. No se puede criminalizar a un sector que aporta empleo y 300 millones de recaudación a las arcas públicas. El juego había que regularlo, pero con consenso y diálogo, el PSOE ha cogió la bandera de la imposición para castigar con el desempleo a miles de trabajadores que dependen de este Sector sin garantizar ningún derecho. Esta ley sólo persigue cerrar negocios, no protege derechos.

Los bares y restaurantes no pueden ser perseguidos por disponer de máquinas que son legales. La solución era muy simple. Mejorar el control de acceso de menores a los centros y negocios de apuestas, prohibir la publicidad y apariencia exterior de las casas de apuestas que incitan a entrar y apostar, y sobretodo prohibir la publicidad institucional en los medios que publiciten juego como se hizo con la prostitución, pero a eso el Botànic se ha negado.

No se puede criminalizar a unos y no destinar ningún recurso ni propuesta para preservar a los otros, que es el resumen de esta Ley.
El Grupo Popular presentó todas estas enmiendas con la clara intención de que la Ley cumpliera con los objetivos con los que inicialmente se justificó, y, sobre todo, para recoger las demandas de la sociedad y los sectores afectados, que han sido los obviados y olvidados en esta ley. Pero el rechazo a nuestras propuestas lo ha impedido.

¿Cree que la Ley del Juego aprobada cumple verdaderamente con el objetivo marcado por el Botànic de proteger a los grupos vulnerables?

No. Como denunciamos desde el Grupo Popular, en el proyecto de Ley se olvidaron de los más vulnerables, de proteger a las personas que sufren ludopatía, y no se ha mejorado en la Ley, porque no destinan recursos a luchar contra esta adicción. Si el Botànic realmente quiere proteger derechos lo podía haber hecho, no necesitaba esta Ley, la diferencia es que para cerrar negocios necesitan una ley y para proteger derechos solo se necesita voluntad política, y no la tienen.

Es obligación del Consell haber protegido a los más vulnerables estos años y no lo han querido hacer, pasando la responsabilidad a les Corts. Quiero remarcar que el PPCV fue el primer grupo que pidió, como una de nuestras propuestas, un plan de lucha contra la ludopatía y además lo dotamos de presupuesto, pero en la Ley no se destina ni un solo euro a esta finalidad y el plan se aplaza hasta 18 meses, es inaceptable. Así no se cumplen los objetivos ni las necesidades de los más vulnerables.

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