Entrevista a Fidel Molina, mpulsor de SOS Hostelería en la Comunidad Valenciana.
El proyecto de Ley del Juego de la Comunidad Valenciana no gusta al sector empresarial. Su redacción torpedea la línea de flotación del sector recreativo. Fidel Molina, junto a otros empresarios, ha impulsado la plataforma SOS Hostelería con el objetivo de salvar una industria que podría desaparecer en el caso de aprobar el actual texto. En esta entrevista deja patente las catastróficas consecuencias que se derivarían de una Ley que debe mirar por todos, sociedad, empresarios y Administración.
– ¿Cuáles son los puntos principales del proyecto de Ley que deberían modificarse totalmente para no ir en perjuicio del sector? ¿Cómo deberían quedar redactados?.
Se da la paradoja de que el sector desconoce exactamente qué es lo que se va a aprobar. Los grupos parlamentarios siguen negociando y la información que tenemos es la que vamos conociendo por los medios de comunicación. Las enmiendas que están negociando los grupos que dan apoyo al Gobierno suponen, de hecho, la desaparición del sector del juego privado en la Comunidad Valenciana ya que ningún bar, restaurante o cafetería que se encuentre a menos de 850 metros de un centro educativo, sanitario o deportivo podrá tener máquinas de tipo B.
– ¿Por qué las asociaciones del sector no han podido tener un encuentro con el conseller Soler, el presidente Ximo Puig o la vicepresidenta Oltra para hablar de este tema?.
Más allá de los desayunos organizados por algunos medios de comunicación, no ha existido una voluntad real de diálogo con el sector. Nosotros hemos conseguido reunirnos con algunos portavoces parlamentarios y con representantes sindicales para trasladarles nuestra preocupación. Somos optimistas pero se han hecho las cosas mal. No se puede presentar una ley para después modificarla vía enmiendas desvirtuando la razón por la que fue presentada y negando el diálogo con el sector de la hostelería y del juego. Nosotros hemos solicitado una reunión de urgencia con el presidente de la Generalitat pero todavía no ha respondido. No podemos creernos que el presidente de la Generalitat no sea sensible al hecho de que si esta ley se aprueba tal y como parece que será aprobada, 12.000 personas pueden perder su empleo y la Generalitat puede dejar de recaudar casi 80 millones de euros al año.
– ¿De aquí al 10 de marzo – fecha prevista por la Comisión para debatir las enmiendas y ultimar la futura Ley que será votada en las Cortes – hay tiempo suficiente para contactar con los políticos de turno y hacerles ver que con el proyecto actual el sector del juego en la Comunidad desaparecerá?.
Nosotros vamos a seguir trabajando, explicando a quién quiera escucharnos que esta ley es un ataque frontal contra el más débil, contra el pequeño bar de barrio, contra los bares de los pueblos pequeños y contra los bares de los polígonos de trabajadores, bares a los que estas máquinas ayudan a pagar los autónomos, los sueldos de sus trabajadores o la luz. Siempre hay tiempo para el diálogo si existe voluntad de diálogo. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a dialogar y a llegar a acuerdos en el momento en el que se nos convoque.
– ¿Cree que detrás de esta Ley están los intereses de SELAE y ONCE por arrebatar la hostelería al juego privado?.
Yo estoy convencido de que detrás de esta ley hay algún interés oculto… Lo que puedo decir es que las máquinas de premio de los bares redujeron sus entradas en más de un 10% según la memoria de juego de la Comunitat Valenciana que presenta el gobierno valenciano en el año 2018 sobre el 2017 y que la ONCE subió un más de un 6%. Eso lo dicen los datos que presenta la Generalitat. Estoy convencido que las cosas no se hacen porque sí, siempre existe algún tipo de interés. Y alguien en este caso sale beneficiado y otros muchos salimos perjudicados. No podemos castigar al juego privado y premiar al juego público, no parece muy coherente.
¿Les ha trasladado la Administración valenciana el porqué de medidas tan severas si a nivel de juego problemático la Comunidad registra índices muy bajos y el acceso de menores a locales es testimonial por no decir ínfimo?.
Nadie nos ha explicado todavía el porqué de esta modificación legal. El juego en salones y bares no es problemático, ni genera adicción entre los jóvenes. Los salones ya disponen de unos estrictos controles de acceso y según la última memoria de la Generalitat Valenciana en 2018 no se abrió ni un sólo expediente contra ningún bar por permitir a menores jugar en las tragaperras.
– ¿Considera que el resto de actores implicados – hostelería, CEV (Confederación Empresarial Valenciana)…- están haciendo la fuerza suficiente para que el proyecto no salga en los términos actuales?.
Doce mil personas pueden perder su empleo, muchos bares pueden acabar cerrando y la Generalitat dejará de ingresar 80 millones de euros al año. Lo que me parece inaudito es que no sea el propio Gobierno de la Generalitat el que se ponga a la cabeza de la manifestación contra la aprobación de esta ley. Hay que seguir apretando, desde la patronal pero también desde los sindicatos. El impacto negativo de esta ley sobre la economía valenciana lo sufriremos durante años.
– Pongámonos en el peor de los casos, la Ley sale redactada con las medidas más prohibitivas. ¿Qué pasos daría el recreativo valenciano?.
Existe la responsabilidad patrimonial de la administración y nosotros acudiremos a los tribunales nacionales e internacionales para defender nuestros intereses, nuestras empresas y los puestos de trabajo. En los próximos años, la administración valenciana puede encontrarse con el gravísimo problema de tener que hacer frente al pago de unas millonarias indemnizaciones a los actores perjudicados con este enorme problema que ellos mismos han creado. Pero lo que más preocupa es que muchos pequeños empresarios y trabajadores, a los que estas maquinas ayudan a llegar a final de mes, puedan perder su trabajo y otros muchos quizá tengan que cerrar. Es por ellos por los que tenemos que seguir trabajando.
Fuente: Sector del Juego