Estiman que hay 4.000 bares que dependen de las máquinas tragaperras para sobrevivir
Los hosteleros de la Comunitat Valenciana han decidido unirse en una plataforma para pedir que no se apruebe la ley del juego de la Comunitat Valenciana, que contemplaría la prohibición de las máquinas tragaperras en los bares. SOS Hostelería calcula que hay 4.000 bares que dependen de esas máquinas de premio para subsistir y estima en 12.000 los empleos que se perderían.
Su portavoz, Fidel Molina, alerta que lo que está detrás de esta ley es la ilegalización del juego privado y recuerda que la mayoría de bares de la comunitat son pequeños y necesitan de las tragaperras para poder pagar sus gastos. Pide una reunión urgente con el president Puig para que se paralice la ley y advierte de que harán todo lo que haga falta para poder mantener estas máquinas en sus establecimientos.Play/Pause
Fidel Molina (SOS Hostelería): «La ley del juego es una forma de ilegalizar el juego privado en la Comunitat»
La plataforma SOS Hostelería considera que estas medidas no evitarán la ludopatía, sino que crearán un juego clandestino que, además, no pagará impuestos. Recuerdan que esta ley del juego que ahora se tramita en les Corts no pone ninguna limitación a otros juegos como los rasca de la ONCE que, creen, también son peligrosos.
Apuntan a «intereses ocultos»
La plataforma lamenta la introducción de las últimas enmiendas en un proyecto de ley del juego que «inicialmente era bastante racional, aun con aspectos cuestionables». De hecho, cree que algunas medidas contradicen artículos de la Constitución y de la normativa europea, por lo que no cierra la puerta a «pedir responsabilidad patrimonial al Consell e ir a los tribunales europeos«. «Estamos dispuestos a llegar hasta el final», ha recalcado el letrado.
Tras los cambios, SOS Hostelería apunta a «algún beneficiado directo» al constatar «una discriminación brutal entre el juego público y privado», ya que advierte de la instalación «sin autorización previa» de terminales de cupones ‘rasca’ de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) «mientras la Generalitat no tiene fondos para dependencia«.
También destaca que una asociación como Patim, que trata de combatir las adicciones, «aboga por regular antes que vetar«, pues su presidente, el sociólogo Francisco López y Segarra, dijo que «lo más sencillo es prohibir algo». «Un gobierno progresista que hace del diálogo su bandera no dejará de atender las peticiones y demandas de un sector con 90 años de historia», ha reivindicado el portavoz.