Fidel Molina, presidente del Grupo COMATEL y de MYR Hoteles y creador de la Plataforma SOS Hostelería, la asociación que agrupa a autónomos y empresarios del mundo de la hostelería en la Comunidad Valenciana, analiza en conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital las repercusiones negativas de la ley del juego aprobada por la Generalitat y los efectos que está teniendo la pandemia en el sector.
El presidente de SOS Hostelería considera «insuficientes» porque «lo importante son las ayudas directas, locales, comunitarias y nacionales. Por ejemplo, que un bar de barrio pudiera extender su terraza, algo que la Comunidad valenciana no ha hecho porque a lo único que se ha dedicado es a crear problemas. Lo importante es reducir impuestos como la tasa de basuras o el IVA. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que se mueran los locales y luego vayan a pedir ayudas para el paro? Hay que ayudarles ahora a que no se mueran»
«Los créditos ICO no han servido a la pequeña hostelería (que la conforman 35.000 bares). En muchos de los casos obligaban en los bancos donde se solicitaban estos ICO a sacarse seguros y otras cosas que en definitiva son más costes y la gente no puede pagarlos»
«Con el invierno sera peor porque como no tengan calefacción la gente no entrará a los bares porque tiene miedo. Los bares necesitan que se les quitan las cargas para que no tengan que cerrar y no se pierda el negocio»
Para Molina, “lo más complicado es que hay unos 35.000 bares en la región donde la mayoría de personas que los llevan son familias con miembros que tienen alrededor de 50 años y tiene que pagar un alquiler por el local. Si pierden su trabajo, van a tener difícil conseguir otra oportunidad”.
«Los ERTEs han sido una gran engaño. Que yo tenga que pagar la seguridad social de una persona cuando no tengo ingresos es una barbaridad. Cómo hacen las empresas que han tenido que estar pagando el 75 por ciento de la SSSS de cuatro mil o cinco mil empleados. No hay un plan, no sabemos a dónde vamos».
Molina ha registrado este 30 de septiembre de 2020 una petición ante el Defensor del Pueblo para que éste presente ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana. Molina considera que la ley del juego valenciana es “tremendamente lesiva para el sector de la hostelería”.
El Defensor del Pueblo puede sugerir al órgano legislativo o Administración la modificación de aquellas normas cuyo cumplimiento pudiera provocar, a su juicio, situaciones injustas o perjudiciales para los administrados y también interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo sobre la base de la Constitución en el art. 162.1 a y b.
Los hosteleros valencianos consideran que la implantación de un control remoto de activación de las máquinas recreativas comportará la retirada de todas las máquinas de bares y restaurantes y su sustitución por otras que dispongan de este dispositivo.
Fuente: Periodista Digital