La primera Ley del Juego, ¿un estacazo más a la hostelería?

La norma alentada en la Comunidad Valenciana por PSPV, Compromís y Podem se aprobará el próximo lunes y será pionera en el país. Lo hará con la negativa de oposición, los empresarios, los hosteleros y hasta UGT

Una de las prioridades que el Gobierno Valenciano se marcó en esta legislatura era sacar adelante el Proyecto de Ley del Juego en la Comunidad Valenciana, que debía haber comenzado a debatirse en las Cortes a finales del mes de febrero. Sin embargo, quedó congelado por la pandemia que frenó la actividad legislativa. Ahora, en plena desescalada, los tres partidos que sustentan el Botánic, PSPV, Compromís y Unides Podem, tienen la intención de que salga adelante en el pleno del próximo lunes pese a las reticencias de la oposición, los empresarios, el sector y hasta el sindicato UGT, que recuerda que fue un proyecto, pionero en todo el país, que se hilvanó en un escenario económico muy diferente al actual.

La ley establece una distancia mínima de 850 metros entre salones de juego y locales de apuestas con centros educativos, pero excluye de esta medida a los locales de hostelería, que tendrán un máximo de dos máquinas tragaperras con un sistema de activación-desactivación por control remoto. Además, en los próximos cuatro años no se concederán nuevos permisos para abrir casas de apuestas o colocar máquinas. ¿Será la nueva ley del juego un nuevo estacazo a la hostelería?

Desde el Botànic no se ve así. “El juego es un peligro y la sociedad valenciana necesita la ley del Juego. Esta ley no supondrá ningún cierre, sino que no permite que haya más concesiones cuando las actuales finalicen”, explica el portavoz de los socialistas, Manolo Mata. Para Compromís, esta legislación era “urgencia hace seis meses, un año y cuatro, porque la adicción al juego es la nueva heroína”, sentencia Fran Ferri. La portavoz de Podemos, Naiara Davó, recuerda que en la elaboración de esta ley han intervenido “los grupos parlamentarios, los del Botànic y los de la oposición, y hemos escuchado a todos los sectores, y la prueba es que se aprobará una ley pionera y que será absolutamente necesaria”.

No lo ve de igual forma la oposición. Ciudadanos, con una posición más tibia al inicio, se ha mostrado en contra mientras el PP la considera “un suicidio para la hostelería”. “Es inadmisible porque supondrá la destrucción de 12.000 empleos según el sector”, asegura Isabel Bonig. La popular es partidaria de abordar cuestiones como limitar la publicidad, las apuestas online o la protección de colectivos vulnerables, “pero hay otras cuestiones que perjudican a la hostelería y la restauración, los más castigados por la crisis del coronavirus”. Según datos del PP, en la Comunidad Valenciana hay 34.000 bares y restaurantes, de los que el 60% tiene máquinas tragaperras y el 20% vive el gracias a los ingresos de esas máquinas.

‘CERRADO POR LA LEY DEL JUEGO’

Las asociaciones del sector del juego, las patronales, la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur) y hasta el sindicato UGT han pedido de forma conjunta la paralización de una ley “que hará grandes estragos en el empleo y la recaudación de las arcas públicas de la Comunidad Valenciana”, explican en un comunicado conjunto. Han encontrado el respaldo de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que pide que no se apruebe “en el contexto actual” de forma tan restrictiva y poniendo en juego “más de 7.000 empleos directos y 30.000 indirectos en hostelería, además de 144 millones de tributación directa a las arcas autonómicas y otros 130 millones en impuestos indirectos”.

“Nadie podía pensar hace tan solo tres meses que íbamos a estar más de dos meses confinados en nuestras casas, que iban a morir cerca de 30.000 españoles, que tendríamos que vivir con mascarillas o que el PIB iba a caer más de un 10% al final del año. La aprobación de esta ley, recordamos enormemente restrictiva con el sector del juego, y que supondría el cierre de más del 95% de los salones de Juego en los próximos años, hará grandes estragos” y agravará la situación generada por la pandemia, según denuncia la presidenta de Anesar CV, Miriam Mayordomo.

Desde el sindicato UGT-PV se señala que el sector aporta 39,2 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social con miles de empleados que ya se han visto mermados por los ERTE. Al respecto, el secretario sectorial de Hostelería y Turismo de la Federación Estatal de Movilidad y Consumo de la UGT-PV, Gonzalo Aranda, pide un nuevo proceso normativo “que dé más garantías a los trabajadores del sector”.

“Tenemos que pensar en salvar vidas y reconstruir un país, no en temas ideológicos. No podemos poner en peligro puestos de trabajo por malas decisiones. Para garantizar la sostenibilidad de la actividad, hace falta mejorar el marco regulatorio estableciendo las medidas necesarias dirigidas a acabar con la alarma social existente en la actualidad, pero sin que estas impliquen el fin de una actividad, generadora de riqueza, empleo de calidad, tributos y, sobre todo, entretenimiento para la Comunidad”, ha añadido el director general de Cejuego, Alejandro Landaluce.

SOS HOSTELERIA

Las quejas del sector se va a visibilizar en la campaña ‘Desde el 15 de Marzo CERRADO por Coronavirus… A partir del 25 de Mayo, CERRADO por la Ley del Juego‘ para manifestar su rechazo a la nueva normativa porque les obliga a cambiar las máquinas para manejarlas con un sistema de control remoto. Con ello, “la Comunidad Valenciana entra en la fase de hundir la hostelería”, ha asegurado el líder de SOS Hostelería, Fidel Molina, en un comunicado.

Además del tiempo en el que los establecimientos estarán sin las máquinas, “deberemos hacer frente a la compra de las nuevas máquinas, lo cual hace inviables nuestros negocios en las actuales circunstancias”, ha lamentado.

El líder de los hosteleros valencianos también ha mostrado su preocupación por el hecho de que los clientes que quieran jugar en estas máquinas tendrán que identificarse ante el camarero del local que, a su vez, deberá comprobar si está inscrito, o no, en el registro de personas que tienen prohibido su acceso a salones de juego, casinos y bingos.

“La Ley de Protección de Datos y el reglamento europeo es muy claro al respecto y no me parece que sea muy legal que todos los camareros de la Comunidad Valenciana puedan acceder libremente a este registro”, ha concluido.

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