La plataforma SOS Hostelería advirtió este jueves de «el cierre definitivo de sus negocios» por los cambios introducidos en la Ley del Juego valenciana. «Las enmiendas a la ley del juego prevén que las máquinas tipo B instaladas en bares y restaurantes tengan que ser activadas a través de un mando a distancia», explicó la organización, que auguró al respecto que «la modificación, construcción y homologación de las nuevas máquinas tipo B dejaría durante meses a los bares sin unos ingresos imprescindibles para su supervivencia».
La organización tildó las modificaciones que introducen dichas enmiendas de «un nuevo jarro de agua fría sobre los pequeños bares de barrio de la Comunitat Valenciana». «El próximo lunes Les Corts Valencianes aprobarán la ley del juego, una ley que, de aprobarse las enmiendas presentadas por los partidos del Botànic, obligará a retirar todas las máquinas tragaperras instaladas en bares y restaurantes y cambiarlas por otras que dispongan de activación por mando a distancia», lamentaron.
Al respecto, Fidel Molina, líder de SOS Hostelería, exigió al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «que aclare en qué términos va a ser aprobada esta ley, ya que, en opinión de los hosteleros, la implantación de un control remoto de activación de las máquinas recreativas comportará la retirada de todas las máquinas de los bares y restaurantes y su sustitución por otras que dispongan de este dispositivo».
El proceso de construcción y homologación «puede durar meses, un tiempo en el que las máquinas no estarán funcionando, con el perjuicio económico que esto significará para muchos bares cuyos ingresos por estas máquinas contribuyen al mantenimiento del local», lamentó Molina.
«Los hosteleros consideran inviable hacer frente a estos gastos, teniendo en cuenta, además, que han tenido que pagar durante meses alquileres e impuestos teniendo sus locales cerrados. «Si además tenemos que renunciar a los ingresos adicionales que nos llegan por las máquinas, lo único que vamos a poder hacer es no volver a abrir nuestros negocios», zanjó.
Fuente: El Economista